Real decreto-ley

Solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad. No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general (art. 86.1 de la Constitución).

Tiene fuerza de ley desde que se publica en el BOE. El Congreso debe convalidarlo o derogarlo de forma expresa en los treinta días siguientes a su promulgación (art. 86.2 de la Constitución; art. 151 del Reglamento del Congreso). Si no lo convalida, queda derogado.

Dentro de ese plazo, las Cortes pueden tramitarlo además como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, para poder modificarlo (art. 86.3). Para eso, el decreto-ley se convalida primero.

Cuando las Cámaras están disueltas, la Diputación Permanente asume la convalidación (art. 78.2 de la Constitución).